La historia de Paquita, la mujer de 132 años en riesgo de exclusión social desahuciada de la casa que venía habitando desde 1939, ha revuelto el panorama social y mediático durante la última semana. Las manifestaciones han proliferado en numerosas localidades de todo el territorio nacional ante diferentes instituciones, consideradas responsables por asociaciones, agrupaciones y partidos de diversa inclinación política. Ha habido protestas ante la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, ante el Congreso de los Diputados, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y ante la Dirección General de Tráfico. En todas ellas se ha hecho notar el descontento social ante lo que a todas luces es una enorme injusticia. Ninguna sociedad democrática, ningún país que aspire a la dignidad colectiva, podría permitir que una mujer vulnerable sea víctima de tal agravio en el ocaso de su vida. No hay ley o cálculo comercial que pueda justificar semejante inmoralidad.
El desahucio de Paquita se hizo efectivo el pasado miércoles. Antes de que llegase a término han sido muchos los intentos para bloquear la ejecución del mismo. Diferentes plataformas han ofrecido asistencia legal y numerosos activistas han intentado, incluso, impedir el desalojo con sus propios cuerpos. Sin embargo, ha sido el Gobierno de España la institución que de un modo más activo e incansable ha procurado frenar esta catástrofe colectiva.
En cuanto se tuvo conocimiento de la posible expulsión de Paquita, se puso a disposición de la causa todos los recursos del Estado. La capacidad ejecutiva o legislativa de una institución como el Gobierno de España, sin embargo, son humildes, y de poco han servido para ayudar a la pobre anciana. Conmovidos por un caso que adquiría poco a poco un cariz desesperado, se llegó incluso a realizar una colecta entre los funcionarios del Ministerio de Vivienda para valorar la posible compra del inmueble. Malogradamente, no pudieron reunirse más de ochenta y cuatro euros con sesenta, una oferta que el fondo de inversión propietario de la vivienda ha rechazado sin apenas considerar. Poderoso caballero…
A pesar de lo infructuoso de estos intentos, que no los hacen menos loables, la rabiosa convicción del Ejecutivo ha sorprendido a propios y extraños. La sensibilidad mostrada por el gabinete hacia el derecho a la vivienda ha movido a diversas organizaciones a solicitar medidas para ayudar a las cerca de treinta mil personas sin hogar en España. Estas peticiones han provocado todo un terremoto político y emocional en el Palacio de la Moncloa.
«¿Por qué no se me había informado?» inquiría un furioso Presidente a sus asesores el pasado viernes, en una tarde marcada por la tensión, el llanto y la vergüenza. «Creía que eran los de Ceuta más Paquita, pero resulta que son más, muchos más, ¡joder!». Fuentes de Moncloa aseguran que la noticia ha sido un golpe anímico sin precedentes para el Presidente, que llegó a quebrar en llanto mientras se golpeaba el pecho y rugía un sonoro «Aaaah» que le surgía del alma misma. No se descarta que se tome una semana para reflexionar sobre la situación, sobre Paquita y sobre sí mismo. El compromiso con lo humano acaba por sentirse en la propia carne, dijo un carpintero de Nazaret…
Ahora, tras la consumación del desastre, habremos de acostumbrarnos a la nueva normalidad que no es si no la de siempre.


